Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD)

No. La DSDS también se aplica a empresas no pertenecientes a la UE, incluidas las con sede en Estados Unidos, si generan más de 1.500 millones de euros en ingresos procedentes específicamente de la UE. Estar fuera de la UE no exime a una empresa por sí solo,  son los ingresos vinculados a la UE de la empresa los que determinan si la ley se aplica, no dónde tiene su sede.

No. La CSDDD abarca conjuntamente los derechos humanos yla debida diligencia ambiental, desde las condiciones laborales y los derechos laborales hasta la contaminación, la pérdida de biodiversidad y otros daños medioambientales. A menudo se describe como una ley "HREDD" (derechos humanos y diligencia medioambiental) más que como una regulación puramente ambiental.

Sí, indirectamente. Incluso si una empresa no está dentro del ámbito, un cliente con alcance europeo más adelante en su cadena de suministro puede pedirle que proporcione datos de debida diligencia o firme garantías contractuales, ya que ese cliente necesita la información para cumplir con sus propias obligaciones. Esto es un efecto en la cadena de suministro, no una cobertura legal directa, pero puede seguir implicando nuevas solicitudes, cuestionarios o condiciones contractuales para proveedores fuera de la UE.

Ninguna herramienta o plataforma puede garantizar el cumplimiento por sí sola; la CSDDD requiere un proceso interno continuo de debida diligencia, no solo datos de proveedores. Lo que Sedex proporciona es la base basada en riesgos que el proceso necesita: evidencia de auditoría, evaluaciones de riesgos de proveedores y datos sobre los que puedes actuar, como parte del enfoque más amplio de cumplimiento de una empresa.

El acuerdo Omnibus de la UE redujo el alcance de la CSDDD a empresas con más de 5.000 empleados y más de 1.500 millones de euros en facturación neta, reduciendo la cobertura en torno a un 70%. También retrasó el plazo de cumplimiento hasta el 26 de julio de 2029.El alcance de CSRD también se redujo, cubriendo ahora empresas con más de 1.000 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros. El enfoque basado en riesgos para la debida diligencia se mantiene, aunque las empresas aún no están obligadas a evaluar todos los niveles de su cadena de suministro.

El incumplimiento puede conllevar multas de hasta el 3% de los ingresos mundiales de una empresa, impuestas por la autoridad supervisora de un estado miembro. Las empresas también pueden enfrentarse a reclamaciones de responsabilidad civil en los tribunales si el incumplimiento de sus obligaciones de debida diligencia causa un perjuicio, independiente y además de cualquier multa regulatoria.